Primero debe existir insolvencia
La insolvencia actual significa que no se pueden cumplir regularmente las obligaciones exigibles. No se identifica únicamente con tener más pasivo que activo: una persona puede tener patrimonio y no disponer de liquidez para atender los vencimientos; y otra puede carecer de bienes, pero seguir pagando regularmente.
La insolvencia inminente permite anticiparse cuando se prevé que dentro de los tres meses siguientes ya no será posible cumplir regular y puntualmente. La previsión debe apoyarse en datos: vencimientos próximos, caída de ingresos, fin de una prestación, subida de cuotas o ejecución inminente.
No existe una deuda mínima general
La ley no fija una cifra mínima universal. Sin embargo, el concurso debe tener utilidad y responder a una insolvencia real. Una deuda pequeña que puede atenderse con un calendario razonable no justifica necesariamente el coste y los efectos del procedimiento.
Tener nómina o pensión no impide acogerse
La pregunta es si los ingresos permiten pagar regularmente las obligaciones exigibles después de atender las necesidades básicas. Deben analizarse las cuotas reales, los gastos de vivienda, las cargas familiares, los embargos, las deudas vencidas y la necesidad de acudir a nueva financiación para pagar la anterior.
Vivir con padres, pareja u otros familiares tampoco convierte automáticamente sus ingresos en dinero disponible para las deudas personales. Pero sí obliga a explicar cómo se reparten los gastos y qué aportación real realiza cada persona.
Quién puede solicitarla
Préstamos, tarjetas, microcréditos, alquiler, suministros, hipoteca, deuda pública o responsabilidad personal.
Debe comprobarse si procede el procedimiento especial para microempresas y cómo se coordina la deuda personal.
La condición no excluye el acceso, pero deben separarse avales, deuda social, derivaciones y responsabilidades.
Puede solicitar su propia exoneración si la obligación personal le coloca en insolvencia y cumple los requisitos.
Requisitos y causas de exclusión
La ley utiliza un sistema de causas concretas relacionadas, entre otras materias, con condenas, sanciones, derivaciones de responsabilidad, concurso culpable, falta de colaboración, información falsa o engañosa y endeudamiento temerario o negligente. No se trata de un juicio moral genérico, pero el tribunal debe comprobar los hechos.
Las resoluciones recientes han reforzado la carga de aportar información sobre el origen de las deudas y la capacidad existente cuando se contrataron, especialmente cuando el endeudamiento parece desproporcionado. Por eso la historia económica del deudor debe ser individual y documentada.
Qué debe poder explicarse desde el inicio
- Qué obligaciones están vencidas o próximas a vencer.
- Cuáles son los ingresos y gastos reales de la unidad familiar.
- Qué bienes y derechos existen, aunque tengan poco valor.
- Quiénes son todos los acreedores y qué procedimientos están en marcha.
- Para qué se contrató cada financiación relevante.
- Qué ingresos existían entonces y qué cambió después.
- Qué negociaciones o soluciones se intentaron.
- Qué se pretende proteger: vivienda, coche, actividad o estabilidad familiar.
Después se elige entre las tres vías prácticas
Una vez acreditada la insolvencia y revisados los requisitos, debe compararse el concurso sin masa, el plan de pagos y la liquidación. La elección depende del patrimonio, los ingresos, el objetivo y el momento procesal.
Qué están examinando actualmente los tribunales
La fase inicial ya no debe tratarse como un trámite puramente formal. Algunos juzgados están requiriendo fechas de contratación y vencimiento, cuotas, CIRBE, valor de vehículos, procedimientos, apremios, origen de las deudas y reparto de gastos familiares. También existen decisiones muy restrictivas que han generado debate sobre si se está anticipando indebidamente el juicio de fondo.
La consecuencia práctica no es renunciar a la Segunda Oportunidad, sino presentar una solicitud completa, coherente y defendible desde el principio.